El Gobierno ha aprobado el Real Decreto 640/2026, de 29 de julio, que establece un nuevo marco regulador para los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. La norma adapta la regulación vigente al nuevo contexto de transición energética, caracterizado por el fuerte crecimiento de la generación renovable, la electrificación de la economía y el incremento de la demanda de capacidad de acceso a las redes. El objetivo es mejorar la planificación de las inversiones, aumentar la transparencia del sistema, favorecer el desarrollo de nuevas infraestructuras cuando sean necesarias y optimizar el aprovechamiento de las redes existentes, garantizando al mismo tiempo un uso eficiente de los recursos y un adecuado control de los costes que soportan los consumidores.
La nueva regulación sustituye el marco reglamentario anterior en materia de planes de inversión y desarrolla las previsiones contenidas en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, estableciendo un procedimiento completo para la elaboración, presentación, aprobación, ejecución y seguimiento de los planes de inversión de las empresas transportistas y distribuidoras de energía eléctrica.
Entre las principales novedades destaca la obligación de que las empresas distribuidoras realicen un proceso previo de consulta pública, permitiendo que industrias, administraciones y potenciales consumidores puedan trasladar sus necesidades de conexión y propuestas de desarrollo de la red antes de elaborar sus planes de inversión. Asimismo, los planes aprobados y los informes sobre su grado de ejecución deberán publicarse, reforzando la transparencia y facilitando que los interesados conozcan las actuaciones previstas en las redes eléctricas.
El real decreto también introduce mecanismos para asegurar el cumplimiento efectivo de los planes de inversión. Las empresas deberán presentar informes anuales de seguimiento en los que acrediten el grado de ejecución de las inversiones aprobadas, la capacidad de acceso concedida y denegada, el nivel de utilización de las redes y las causas de posibles retrasos. Además, se establecen penalizaciones para aquellas empresas que incumplan de forma reiterada los volúmenes de inversión autorizados o que ejecuten inversiones distintas de las contempladas en sus planes aprobados.
Otro de los aspectos más relevantes es el incremento previsto para el periodo 2027-2030 de los límites máximos de inversión retribuible, orientando dicho aumento hacia actuaciones relacionadas con la digitalización, la observabilidad, el control y la ciberseguridad de las redes, así como hacia inversiones destinadas a facilitar la conexión de nuevos consumos industriales, residenciales y vinculados a la descarbonización del transporte. También podrán financiarse actuaciones de adaptación a la normativa de protección de la avifauna y medidas destinadas a mejorar la resiliencia frente al cambio climático y otros fenómenos naturales.
La norma impulsa igualmente el aprovechamiento de infraestructuras existentes mediante su incorporación a las redes de distribución cuando ello resulte más eficiente económicamente que la construcción de nuevas instalaciones, incentivando este tipo de actuaciones al computar únicamente el 50 % de su valor a efectos de los límites de inversión.
Respecto al procedimiento administrativo, las empresas distribuidoras deberán presentar sus planes de inversión antes del 1 de mayo de cada año, tras remitir previamente la documentación a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla antes del 1 de marzo, que dispondrán hasta el 15 de abril para emitir informe. La Secretaría de Estado de Energía resolverá la aprobación de los planes antes del 1 de noviembre, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
En definitiva, el Real Decreto 640/2026 configura un modelo de planificación más transparente, participativo y orientado a resultados, con el propósito de acelerar la adaptación de las redes eléctricas a las necesidades derivadas de la transición energética, garantizando simultáneamente la eficiencia de las inversiones y la sostenibilidad económica del sistema eléctrico español.
Más información en el BOE:
https://www.boe.es/boe/dias/2026/07/31/pdfs/BOE-A-2026-16661.pdf